Comunicado de las sociedades de atención primaria SEMERGEN, semFYC y SEMG ante la situación creada por el "Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid"
1. La primera obligación de los médicos es preservar y defender los intereses de los pacientes, por encima incluso de los suyos propios, y orientar todas las decisiones al bien común.
2. Hasta ahora los pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaron en unos principios fundamentales de equidad social y solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, por lo que cualquier modificación de calado en el SNS debe nacer del consenso, tras el diálogo con los agentes sociales y los representantes legales y legítimos de los profesionales sanitarios; su principal objetivo, por tanto, debe ser la implicación de los profesionales sanitarios.
3. Existen numerosas pruebas que avalan que es difícil, por no decir imposible, poner en marcha cualquier tipo de reforma sin la participación activa de los profesionales, mucho más cuando estas reformas están fundamentadas tan solo en criterios economicistas y se orientan a escenarios que rompen el modelo basado en la universalidad y la equidad, que pueden producir pérdidas en la calidad y afectar especialmente a los más pobres, indefensos y vulnerables.
4. La legitimidad otorgada por las Urnas no puede convertirse en ningún caso en patente de corso para adoptar decisiones que afectan negativamente al conjunto de la sociedad, dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias.
5. Las medidas anunciadas por parte del gobierno regional, y en su nombre por la Consejería de Sanidad, no aportan datos objetivos que permitan inferir la mayor eficiencia del modelo que se propone y ni siquiera existe ningún estudio económico que demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. En el documento se parte de premisas interesadas en objetivos poco relacionados con la calidad clínica y más con la gestión estrictamente economicista de los recursos.
6. Dichas medidas son arriesgadas, de eficacia dudosa para el fin que supuestamente persiguen, y conllevan la descapitalización irreversible de los recursos materiales y humanos del sistema sanitario público madrileño; por otra parte, suponen un expolio de los derechos adquiridos de los profesionales sanitarios.
7. La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centros de salud es un "brindis al sol", pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables.
8. En el Plan no se detalla ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores a aplicar, ni las normas jurídicas a implementar sobre las relaciones laborales en las nuevas entidades... La lectura de tan escueto documento induce irremisiblemente sentimientos de inseguridad legal, laboral y profesional. Por tanto, es más que improbable que se generen solicitudes de adjudicación que provengan directamente de los profesionales.
9. Tomando en consideración la ausencia de datos objetivos que las apoyen, las entidades firmantes estiman que las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro. La Consejería de Sanidad emplea el eufemismo de "externalización de la gestión" y rechaza de forma beligerante el de "privatización"; sin embargo, más allá de disquisiciones semánticas, ambos términos implican exactamente las mismas consecuencias finales sobre la organización y la gestión de los centros de salud y el estatus laboral y profesional de quienes en ellos trabajen.
Por todo lo anterior, las entidades firmantes de este Comunicado manifiestan su oposición al Plan, que nace sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios ni a los pacientes, y emplazan al gobierno regional a proceder a retirarlo y a entablar con los representantes profesionales un diálogo leal, sincero y sin posiciones predeterminadas, en aras de pactar las medidas que se estimen oportunas para los fines que se pretenden, pero evitando planteamientos rupturistas, radicales e irracionales.