REDER lanza un nuevo manifiesto tras 3 meses de iniciativas políticas que podrían suponer el principio del fin de la exclusión sanitaria en España

El Congreso de los Diputados empieza a mover ficha en la cuestión de la exclusión sanitaria, una situación que afecta a 1 millón de personas en España desde 2012 y que contraviene dictámenes internacionales de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. En ese sentido, a pesar de que nada ha cambiado en la política del Gobierno de Marian Rajoy y de que el Ejecutivo se ha mantenido alejado de las recomendaciones de otros países avanzados que sí respetan los Derechos Humanos en materia de salud, durante los últimos 3 meses la cantidad de iniciativas políticas contra el Real Decreto Ley 16/2012 se ha disparado y la presión de todos los partidos políticos y Parlamentos autonómicos podría hacer pensar que estamos en el principio del fin.

Unid@s Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno que derogue de forma parcial la reforma sanitaria que instauró utilizando la crisis como pretexto para dejar sin asistencia a aquellas personas en una situación irregular en el país. El RDL 16/2012 fue contestado ampliamente desde todos los estamentos sociales y diversas organizaciones y sociedades científicas como la semFYC se unieron para formar el movimiento REDER.

La misión de REDER ha sido la de denunciar y también investigar - con estudios y análisis que se han ido publicando cada año - los impactos que está teniendo esta Ley, así como el incumplimiento constante de las excepciones en la exclusión que la normativa contemplaba (mujeres embarazadas, enfermedades terminales...).

REDER ha valorado positivamente la Proposición No de Ley presentada por Unid@s Podemos y que significa un primer paso hacia el fin de la exclusión en España y la vuelta a los valores de sanidad universal y derechos humanos. La preocupación surge del carácter que tiene esta iniciativa, puesto que no es vinculante, todo hace pensar que no va a servir para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy modifique una normativa que lleva cinco años defendiendo a ultranza, a pesar de sus graves consecuencias sobre la salud de las personas.

Por otro lado, la Proposición No de Ley no aborda la cuestión clave de la universalidad del sistema de salud. Recordemos que la reforma sanitaria de 2012 excluyó de la atención normalizada a cientos de miles de personas que, a pesar de vivir y trabajar en España, se encontraban en ese momento en una situación administrativa irregular.

Los últimos tres meses han sido los más activos para acabar con el RDL 16/2012. El Grupo Socialista planteó una Proposición de Ley sobre universalización de la asistencia sanitaria que fue vetada por el Gobierno. También recientemente, la Junto del Principado de Asturias presentó en el Congreso una iniciativo similar, que seguramente terminará igual.

En toda esta situación, el organismo judicial que ha jugado su papel más extraño y surrealista ha sido el Tribunal Constitucional. El TC dió la razón al Gobierno justificando que la política ideológica de base excluyente recogida en el RDL 16/2012 era compatible con la Constitución y con las leyes actuales, en contra de la opinión de la Unión Europea y de Naciones Unidas. En efecto, la sentencia del TC de finales de julio en la que declaraba la constitucionalidad del RDL - desestimando el recurso que presentó el Parlamento de Navarra - ha sido seguida por una resolución idéntica el pasado 7 de abril, esta vez contra la Junta de Andalucía. Estas sentencias - que no son unánimes - contradicen opiniones previs del propio Tribunal, que había declarado que "el derecho a la salud y el derecho a la integradad física de las personas [...], así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico".

Por todo ello, REDER ha lanzado nueva exigencias, plenamente suscritas por sus miembros:

• A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.

• Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.

• Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.

• A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud.