Actualidad
#HemosLeído - Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2021
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2022
Los Derechos Humanos fueron formulados en 1948 con pretensión de universalidad, pero han sido necesarios pactos y convenciones adicionales para adecuarlos a la diversidad constitutiva de la especie humana y a la complejidad de su vida social y de su relación con el entorno del que forma parte.
En este empeño por precisar qué significa la afirmación «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» en relación con cada ser humano en su contexto, se promulgó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que hayan sido necesarios sesenta años para que el sistema universal de protección de derechos humanos se haya fijado en las personas con discapacidad invita a reflexionar sobre el lugar simbólico y real que estas han venido ocupando en la vida en común y justifica el seguimiento que la sociedad civil debe hacer de su cumplimiento en los distintos lugares del mundo. En el caso del Estado español, es el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) el organismo designado oficialmente para realizar dicha labor, y este mes de abril ha dado a conocer Derechos humanos y discapacidad.
Informe España 2021
«Análisis de la situación, por artículos, de la Convención» es el capítulo 3 del Informe y constituye la fotografía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el segundo año de la pandemia por COVID-19. A lo largo de más de cuatrocientas páginas (de las escasas seiscientas de todo el dosier), despliega incidencias —denuncias, propuestas de mejoras y avances— concernientes a veintiocho de las cincuenta disposiciones de la Convención. En total recoge 263 denuncias de incumplimientos, 76 propuestas de mejora y 77 avances referidos a artículos como «Igualdad y no discriminación», «Mujeres con discapacidad», «Niñas y niños con discapacidad», «Accesibilidad», «Salud» o «Trabajo y empleo». Entre las denuncias relacionadas con el artículo «Salud», por ejemplo, se informa de que las personas con discapacidad han sido discriminadas en algunos protocolos clínicos a aplicar en situación de pandemia y de que personas sordas han resultado penalizadas por la atención telefónica obligada por la COVID, que no es accesible; y como propuestas de mejora están la inclusión de la discapacidad como factor de inequidad en el acceso al sistema de salud, pues «sigue existiendo una discriminación estructural», de forma que se pueda subsanar; y la difusión de la Guía para el Acceso a la Salud y a la Atención Sanitaria de las Mujeres y Niñas con Discapacidad elaborada por CERMI Mujeres.
2021 ha traído al Informe otras dos cuestiones clave para la sociedad y su vivencia y percepción de la salud: la aprobación de la ley de ayuda médica a morir y la discusión sobre el Borrador del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamientos involuntarios.
A la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia se dedica el capítulo 5. En él se informa sobre la petición al Defensor del Pueblo para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la prestación tal como se ha regulado, porque la posibilidad de solicitarla se basa en el «padecimiento grave, crónico e imposibilitante [el subrayado es nuestro]». Este adjetivo, se afirma, «evoca y señala a las personas con una gran discapacidad o dependencia», de forma que «el texto legal podría constituir una invitación pública a que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidades graves, opten por la terminación de su vida».
Y sobre el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, afirma el CERMI en el capítulo 9 que «atenta contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental», pues confunde «coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos».
El Informe muestra que el ejercicio de los derechos de ciudadanía sigue siendo difícil para las personas con discapacidad. También en la Atención Primaria encuentran barreras cuando se las penaliza por romper los esquemas sobre cómo debe comunicarse, moverse, comprender o relacionarse una paciente y creer que lo suyo («no se mueve», «no contesta», «no le entiendo») es cosa de sus especialistas. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, pero es obvio que somos diversos en capacidades: ¿cómo adecuar la práctica cotidiana a esta realidad?
Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2021
Arantza Basagoiti Azpitarte
Grupo de Trabajo en Discapacidad de Inequidades OSATZEN
En este empeño por precisar qué significa la afirmación «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» en relación con cada ser humano en su contexto, se promulgó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que hayan sido necesarios sesenta años para que el sistema universal de protección de derechos humanos se haya fijado en las personas con discapacidad invita a reflexionar sobre el lugar simbólico y real que estas han venido ocupando en la vida en común y justifica el seguimiento que la sociedad civil debe hacer de su cumplimiento en los distintos lugares del mundo. En el caso del Estado español, es el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) el organismo designado oficialmente para realizar dicha labor, y este mes de abril ha dado a conocer Derechos humanos y discapacidad.
Informe España 2021
«Análisis de la situación, por artículos, de la Convención» es el capítulo 3 del Informe y constituye la fotografía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el segundo año de la pandemia por COVID-19. A lo largo de más de cuatrocientas páginas (de las escasas seiscientas de todo el dosier), despliega incidencias —denuncias, propuestas de mejoras y avances— concernientes a veintiocho de las cincuenta disposiciones de la Convención. En total recoge 263 denuncias de incumplimientos, 76 propuestas de mejora y 77 avances referidos a artículos como «Igualdad y no discriminación», «Mujeres con discapacidad», «Niñas y niños con discapacidad», «Accesibilidad», «Salud» o «Trabajo y empleo». Entre las denuncias relacionadas con el artículo «Salud», por ejemplo, se informa de que las personas con discapacidad han sido discriminadas en algunos protocolos clínicos a aplicar en situación de pandemia y de que personas sordas han resultado penalizadas por la atención telefónica obligada por la COVID, que no es accesible; y como propuestas de mejora están la inclusión de la discapacidad como factor de inequidad en el acceso al sistema de salud, pues «sigue existiendo una discriminación estructural», de forma que se pueda subsanar; y la difusión de la Guía para el Acceso a la Salud y a la Atención Sanitaria de las Mujeres y Niñas con Discapacidad elaborada por CERMI Mujeres.
2021 ha traído al Informe otras dos cuestiones clave para la sociedad y su vivencia y percepción de la salud: la aprobación de la ley de ayuda médica a morir y la discusión sobre el Borrador del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamientos involuntarios.
A la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia se dedica el capítulo 5. En él se informa sobre la petición al Defensor del Pueblo para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la prestación tal como se ha regulado, porque la posibilidad de solicitarla se basa en el «padecimiento grave, crónico e imposibilitante [el subrayado es nuestro]». Este adjetivo, se afirma, «evoca y señala a las personas con una gran discapacidad o dependencia», de forma que «el texto legal podría constituir una invitación pública a que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidades graves, opten por la terminación de su vida».
Y sobre el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, afirma el CERMI en el capítulo 9 que «atenta contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental», pues confunde «coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos».
El Informe muestra que el ejercicio de los derechos de ciudadanía sigue siendo difícil para las personas con discapacidad. También en la Atención Primaria encuentran barreras cuando se las penaliza por romper los esquemas sobre cómo debe comunicarse, moverse, comprender o relacionarse una paciente y creer que lo suyo («no se mueve», «no contesta», «no le entiendo») es cosa de sus especialistas. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, pero es obvio que somos diversos en capacidades: ¿cómo adecuar la práctica cotidiana a esta realidad?
Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2021
Arantza Basagoiti Azpitarte
Grupo de Trabajo en Discapacidad de Inequidades OSATZEN
