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#HemosLeído - Overuse or Underuse
Fecha de publicación: 02 de noviembre de 2021
Existe la máxima errónea de que las personas migrantes en situación irregular representan una carga para la sanidad y que resulta habitual en las conversaciones de bares y congresos, gracias a la magia que hace la repetición constante de convertir una mentira repetida mil veces en una verdad. Esto ha contribuido a que, tras el RDL 16/2012, se haya producido la pérdida de la universalidad en el acceso a los servicios sanitarios por parte de esta población.
En la revista International Journal for Equity in Health se ha publicado en enero de 2021 el artículo Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish region [1], realizado por médicos de familia de atención primaria. Este, compara el uso de los servicios sanitarios por parte de las personas migrantes en situación irregular, personas migrantes en situación regularizada y la población nacional, en la comunidad autónoma de Aragón, España.
Este estudio cuenta con dos particularidades:
En esta publicación se pone en evidencia un menor uso por parte de la población indocumentada de los servicios sanitarios en todos los niveles (Atención Primaria, atención hospitalaria, ingresos programados, no programados y atención urgente). Así mismo, la media de gasto anual en la prescripción de medicamentos es notoriamente inferior en este grupo poblacional: 9 euros de media, frente a 77 euros en los migrantes documentados y 367 euros en las personas nacionales. Así, se concluye que en condiciones de equidad en el acceso, el uso en este grupo es marcadamente inferior, independientemente del país de origen y el tiempo de estancia en España. Estas diferencias se mantienen tras el ajuste de los resultados por edad. Resulta interesante en este artículo la reflexión sobre las causas de esta discrepancia, no justificadas por el hecho de ser una persona inmigrante sino precisamente en relación con las consecuencias sociales que este estatus implica: precariedad laboral, dificultades económicas, temor a que los datos sean transferidos a las autoridades y que se produzca su deportación (aunque en España está prohibido, el hecho de que haya ocurrido en otros países funciona colectivamente como una barrera), la existencia de una barrera idiomática y otros obstáculos intangibles como la estigmatización, la violencia estructural y el miedo.
Se desmontan así ideas erróneas, como ya se ha hecho en artículos previos (entre ellos el publicado en The Lancet “Global patterns of mortality in international migrants: a systematic review and meta-analysis” o la revisión sistemática de Winters et al.) la afirmación extendida de que representan una carga para los sistemas de salud, la cual se ha utilizado con el interés explícito de restringir el acceso a estas personas a la sanidad pública.
Se trata de un artículo con un contenido muy interesante de leer y cuya existencia es vital para establecer una evidencia científica que contribuya a la instauración de medidas políticas y legales, tanto a nivel nacional como internacional, que incluyan a las personas en situación irregular en la cobertura sanitaria universal.
Raquel López Bouzas
Grupo de Inequidades en Salud y Salud Internacional de la Sociedad Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria
En la revista International Journal for Equity in Health se ha publicado en enero de 2021 el artículo Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish region [1], realizado por médicos de familia de atención primaria. Este, compara el uso de los servicios sanitarios por parte de las personas migrantes en situación irregular, personas migrantes en situación regularizada y la población nacional, en la comunidad autónoma de Aragón, España.
Este estudio cuenta con dos particularidades:
1. Se trata de un estudio observacional retrospectivo basado en los datos de un año muy específico: el año 2011, último en el que la población indocumentada disfrutaba de los mismos derechos de acceso a la sanidad que la población nacional - antesala al RDL 16/2012 en el que se restringe su acceso.
2. Se usa la mayor cohorte de migrantes publicada hasta la fecha (1 070 715 individuos en total, entre los que 930 131 son de nacionalidad española, 123 432 inmigrantes se encuentran en situación regularizada y 17 152 en situación de irregularidad).
En esta publicación se pone en evidencia un menor uso por parte de la población indocumentada de los servicios sanitarios en todos los niveles (Atención Primaria, atención hospitalaria, ingresos programados, no programados y atención urgente). Así mismo, la media de gasto anual en la prescripción de medicamentos es notoriamente inferior en este grupo poblacional: 9 euros de media, frente a 77 euros en los migrantes documentados y 367 euros en las personas nacionales. Así, se concluye que en condiciones de equidad en el acceso, el uso en este grupo es marcadamente inferior, independientemente del país de origen y el tiempo de estancia en España. Estas diferencias se mantienen tras el ajuste de los resultados por edad. Resulta interesante en este artículo la reflexión sobre las causas de esta discrepancia, no justificadas por el hecho de ser una persona inmigrante sino precisamente en relación con las consecuencias sociales que este estatus implica: precariedad laboral, dificultades económicas, temor a que los datos sean transferidos a las autoridades y que se produzca su deportación (aunque en España está prohibido, el hecho de que haya ocurrido en otros países funciona colectivamente como una barrera), la existencia de una barrera idiomática y otros obstáculos intangibles como la estigmatización, la violencia estructural y el miedo.
Se desmontan así ideas erróneas, como ya se ha hecho en artículos previos (entre ellos el publicado en The Lancet “Global patterns of mortality in international migrants: a systematic review and meta-analysis” o la revisión sistemática de Winters et al.) la afirmación extendida de que representan una carga para los sistemas de salud, la cual se ha utilizado con el interés explícito de restringir el acceso a estas personas a la sanidad pública.
Se trata de un artículo con un contenido muy interesante de leer y cuya existencia es vital para establecer una evidencia científica que contribuya a la instauración de medidas políticas y legales, tanto a nivel nacional como internacional, que incluyan a las personas en situación irregular en la cobertura sanitaria universal.
- Gimeno-Feliu LA, Pastor-Sanz M, Poblador-Plou B, Calderon-Larranaga A, Diaz E, Prados-Torres A. Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish region. International journal for equity in health. 2021;20(1):41.
Raquel López Bouzas
Grupo de Inequidades en Salud y Salud Internacional de la Sociedad Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria
