La intervención de los médicos de familia en el proceso de baremación de la dependencia genera confusión

Varias CC.AA. atienden ya, a través de sus servicios sociales, solicitudes sobre la valoración del grado de discapacidad. Sin embargo, la situación es confusa no sólo para muchos ciudadanos sino también para los profesionales de Atención Primaria, a los que no sólo se les está demandando información de la que carecen, sino también la cumplimentación de un informe de salud, como parte de la documentación a presentar en los servicios sociales para la tramitación de la evaluación del grado de dependencia.

Y es que como asegura, por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el doctor Asensio López, “no se trata de adquirir protagonismo, huimos de ello, sino de contribuir de la manera más favorable y constructiva a la organización de esta actividad”.

Las personas que vayan a demandar una valoración de su estado de dependencia tienen que incluir entre su documentación un informe médico de cuál es su estado y esto lo tiene que redactar un médico de familia o un pediatra, si se trata de menores. Sin embargo, como critica el doctor López Santiago, “en esta cuestión, se está actuando con una venda en los ojos como si se diera por hecha la labor del facultativo de A.P. y como si la dependencia no fuera un problema de salud, y creemos que esto va a generar un malestar no previsto y no bien calculado”.

Otro problema añadido es el del incremento de la presión asistencial, como reconoce, por su parte, uno de los vicepresidentes de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), el doctor Antonio Fernández-Pro, y es que tomando como referencia el libro blanco de la Dependencia, si sólo se tiene en cuenta los posibles afectados con grado III, que serán los primeros en beneficiarse de las prestaciones sociales estipuladas, la cifra asciende a casi 200.000 personas.

Y es que, como estima el vicepresidente de la semFYC, “en menos de una hora es imposible elaborar el correspondiente informe de salud, ya que hay que explorar al paciente y comprobar sus indicaciones, más luego redactar el informe de una manera reglada, no se puede hacer de cualquier forma, complicándose si, además, hay que desplazarse al domicilio del enfermo”.

Por este motivo, y como sugiere el doctor López Santiago, en base a lo que se recoge en la Estrategia AP21,”es preciso calibrar la presión asistencial que va a emanar de la aplicación de la Ley de Dependencia y que va a tener que soportar el médico de Primaria, y redimensionar las necesidades teniendo en cuenta esa variable”.

Mientras, las recomendaciones finales del vicepresidente de la semFYC van enfocadas a que desde la A.P. se han de identificar a las personas que realmente van a necesitar la prestación y tras ello a ayudarles a solicitarla, “al ser un derecho de nuestros pacientes”, al tiempo que insiste en la importancia de la prevención a través, entre otras actividades, de programas de intervención comunitaria.