Luis Gimeno Feliu defiende ante la Comisión de Sanidad una verdadera universalidad del Sistema Nacional de Salud

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) es una plataforma formada por organizaciones sociales, profesionales y ciudadanas que nació en 2012 como respuesta al Real Decreto-Ley 16/2012, norma que limitó el acceso a la sanidad pública a personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Su finalidad es denunciar los casos de exclusión sanitaria, acompañar a las personas afectadas y defender el derecho universal a la atención sanitaria como un principio básico de justicia social y de salud pública. Durante años, REDER ha recopilado y documentado casos reales de vulneración del derecho a la salud, generando así evidencia para sensibilizar a la sociedad y exigir cambios políticos y legislativos. La semFYC forma parte de REDER desde su creación, desempeñando un papel activo y comprometido en el grupo motor de la red. Desde su posición profesional, la semFYC contribuye a la detección y comunicación de casos de exclusión sanitaria, promueve la sensibilización del personal sanitario y apoya las acciones de incidencia política en defensa de la sanidad universal.

Durante su intervención, Luis Gimeno ha centrado su exposición en tres aspectos fundamentales: el nivel de salud de la población migrante, el uso que esta hace del sistema sanitario y las repercusiones que tiene la exclusión sanitaria sobre las personas afectadas.

El profesor, que también es miembro de la semFYC, ha recordado que, contrariamente a la creencia extendida de que las personas migrantes proceden de países con peor salud, estudios internacionales demuestran lo contrario. “La población inmigrante viene muy sana”, ha afirmado, citando investigaciones publicadas como en The Lancet que, en una reciente revisión de toda la literatura existente, concluye que la mortalidad entre la población migrante es un 30% menor a nivel mundial respecto a la población autóctona. En España, un estudio de Gimeno-Feliu LA, Pastor-Sanz M, Poblador-Plou B, Calderon-Larranaga A, Diaz E, Prados-Torres A. "Multimorbidity and chronic diseases among undocumented migrants: evidence to contradict the myths" (International journal for equity in health. 2020;19(1):113on), en el que se ha analizado a más de un millón de personas en Aragón, en el que se ha analizado casi a 130.000 migrantes, de ellos, 17.000 en situación administrativa irregular, constató que las personas migrantes llegan con un excelente estado de salud, aunque este empeora con el tiempo debido a las condiciones laborales, sociales y de vivienda a las que se enfrentan.

Asimismo, Gimeno ha presentado datos sobre el uso real que la población migrante hace del Sistema Nacional de Salud, que desmienten la idea del llamado “turismo sanitario”. Según su exposición, los migrantes —especialmente aquellos en situación administrativa irregular— utilizan mucho menos los servicios de Atención Primaria y Hospitalaria que la población nacida en España. Por ejemplo, en un año la frecuentación media a medicina de familia de una persona nacida en España de de 7.1 visitas frente a 4,4 visitas de un inmigrante en situación regular y a solo 0.5 visitas al año de un inmigrante en situación administrativa irregular. Estos datos provienen del trabajo coordinado por el Dr Gimeno Gimeno-Feliu LA, Pastor-Sanz M, Poblador-Plou B, Calderon-Larranaga A, Diaz E, Prados-Torres A. "Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish region" (International journal for equity in health. 2021;20(1):41). En cuanto al gasto farmacéutico, la diferencia también es significativa: 367 euros por persona frente a 77 y 9 euros, respectivamente. Según el médico de familia “el migrante irregular lo que viene es a trabajar y a buscarse la vida, viene con muy buena salud y lo último que le preocupa es acudir al sistema sanitario”.

Igualmente, el representante de REDER ha destacado además los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012, que restringió el acceso al sistema sanitario a las personas en situación irregular. En este sentido, informes de Naciones Unidas ya alertaron ya en 2012 y 2018 sobre el carácter regresivo de esta medida, y según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, unas 200 personas fallecieron en España como consecuencia directa de la exclusión sanitaria durante los tres primeros años de aplicación de la ley. 

Desde una perspectiva económica, Gimeno ha subrayado que la exclusión tampoco resulta eficiente. “No solo es una medida que atenta contra los derechos humanos, sino que además nos hace gastar más”, ha explicado, refiriéndose a estudios europeos que calculan un sobrecoste de 400 euros por persona cuando solo se ofrece atención de urgencias en lugar de atención integral.

En su intervención, el profesor ha defendido que “proporcionar cuidados regulares y preventivos, en oposición a solo atención de emergencia, ahorra dinero al sistema y protege mejor la salud pública”. Además, ha recordado la importancia de la integración sanitaria de toda la población en contextos como la pandemia de la COVID-19, donde “si nos protegemos todos, estamos todos mejor”.

Finalmente, Gimeno Feliu ha reconocido que el Real Decreto-Ley 7/2018 supuso un avance hacia la universalidad, pero considera que “resulta insuficiente”. En nombre de REDER, ha expresado su esperanza de que el nuevo Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud permita alcanzar “una verdadera sanidad universal en España, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, en beneficio de toda la sociedad”.