Paulino Cubero: “Necesitamos un cambio legislativo radical que simplifique los procedimientos y asegure el mejor servicio al trabajador”

Paulino Cubero, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud General Ricardos (Madrid), reflexiona sobre el presente y el futuro de la incapacidad temporal (IT). En esta entrevista repasa los principales retos del sistema, la sobrecarga burocrática que afronta la atención primaria y las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la gestión. Hoy, en el Congreso de la semFYC ha ofrecido una actualización alrededor de “Incapacidad temporal, presente y futuro: Propuestas de mejora”.
 

Se subraya la importancia de la coordinación entre distintos actores en la gestión de la incapacidad temporal. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales cuellos de botella actuales en esa coordinación y qué cambios concretos serían más urgentes para mejorarla?
La gestión de la incapacidad temporal (IT) es uno de los temas más complejos que se dan en la asistencia sanitaria. De entrada, la emisión de una IT es la garantía para un trabajador de poder ausentarse del trabajo cuando lo necesita como parte de su proceso de recuperación, sin renunciar a su estabilidad en el empleo y a percibir su sueldo en todo o en parte. Lógicamente, esto supone un esfuerzo económico y organizativo para las empresas y, por supuesto, un gasto extraordinario para el Estado, que asume el pago a partir del día 16 en los procesos de incapacidad cuando se alargan.
Con esas premisas, los sindicatos, las mutuas, los empresarios y la inspección defienden la parte que les corresponde a sus intereses, a menudo contrapuestos. En ese contexto, los médicos de familia tenemos claro que es necesario un cambio legislativo radical que establezca un modelo de IT que integre todas las necesidades, simplifique los procedimientos, optimice el uso de las tecnologías y la digitalización, y asegure el mejor servicio a los trabajadores.
 

Mencionars en la ponencia la autojustificación responsable de las ausencias laborales breves. ¿Podrías explicarnos qué le pedís exactamente a esta medida y por qué crees que está generando resistencia?
La legislación española sobre IT establece que los tres primeros días de baja el trabajador no tiene derecho a percibir el salario. Sin embargo, la mayor parte de las empresas establecen en sus convenios una cobertura similar a la del resto de la baja. Esto es un acuerdo privado que no debería afectar a la asistencia sanitaria, pues no es un derecho legislado.
Lo que se pide es establecer una norma que regule la ausencia por motivos de salud justificada por el propio paciente, mediante la firma de una declaración responsable. Esto se viene haciendo en otros países de Europa desde hace años y, recientemente, en Portugal, país vecino y de costumbres similares. Hasta ahora el trabajador es un sujeto pasivo de la IT, y la propuesta lo convierte en sujeto activo, con una responsabilidad de veracidad en lo declarado.
A nivel sanitario, evita que los médicos vean sobrecargada su consulta por motivos no sanitarios en procesos autolimitados y bien definidos y, de paso, dejar de percibir la IT como una carga burocrática.
 

Como médicos asumís que la incapacidad temporal es una herramienta clave para proteger la salud laboral. ¿Cómo se puede mantener ese papel protector sin que la búsqueda de una mayor eficiencia económica y administrativa termine afectando a los derechos y al bienestar de los trabajadores?
La búsqueda de la eficiencia económica está en la base del derecho a la prestación por IT. Los médicos de familia somos conscientes de su importancia y procuramos hacer la mejor gestión posible con nuestros medios. Pero a menudo, sobre todo en las bajas largas, el proceso causante tiene una dimensión que no podemos controlar. En su mayor parte precisan de medios diagnósticos o terapéuticos ajenos al centro de salud, o el proceso está completamente en manos de nuestros compañeros del hospital.
Tengo la impresión de que tanto la administración responsable, el INSS, como los servicios autonómicos de inspección rechazan trasladar la corresponsabilidad de la IT a los médicos del hospital que atienden el proceso sanitario, en la creencia de que los médicos de familia nos implicamos más en la gestión. Sin embargo, también tengo la impresión de que los médicos de familia estamos cansados de que se nos imputen tareas que no nos corresponden, mientras se nos niega la gestión de recursos como el acceso a pruebas diagnósticas complejas.
Se ha de recordar que el Real Decreto 625/2014, al igual que los anteriores, dice literalmente en su apartado 2.1:
“La emisión del parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes al reconocimiento del derecho al subsidio por incapacidad temporal. La declaración de la baja médica, en los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador afectado.”
No puede ser más claro el texto ni más expeditivo.
 

Desde la perspectiva del médico de familia, ¿cómo afecta la carga burocrática de la IT a la calidad de la atención clínica y a la relación con el paciente? ¿Qué papel podría desempeñar la digitalización para aliviar esa carga sin perder el control médico?
La burocracia es siempre un impedimento en una tarea tan delicada como la atención sanitaria, en la que lo más importante es la confianza entre paciente y médico. Cuando cuestionas a un paciente su motivación para estar de baja, estás poniendo trabas serias a la relación médico-paciente.
La digitalización ya ha solucionado una buena parte del problema. Los veteranos del sistema recordamos con pavor la emisión de bajas semanales por cuadriplicado. Se ha de recordar que la encomienda a los médicos de familia se hacía por proximidad al paciente y la accesibilidad del centro de salud, a diferencia de los hospitales. Con la simplificación de los plazos —más largos y menos rígidos— y con el uso de herramientas informáticas que nos liberan de completar campos de identificación o de información inútil (como el nombre de la empresa o el código de ocupación), el proceso es mucho más sencillo. Y, al igual que la receta electrónica, es más fácil de compartir entre todos los niveles asistenciales y con los órganos de inspección o mutuas.
 

Mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginas un modelo ideal de gestión de la incapacidad temporal en los próximos diez años? ¿Qué innovaciones tecnológicas, organizativas o legislativas crees imprescindibles para alcanzarlo?
El modelo ideal pasa por una digitalización completa del procedimiento, incluyendo la participación del trabajador a través de una aplicación que permita comunicar tanto las ausencias cortas como los procesos de alta en las bajas de duración limitada. La clave es que la baja la emita siempre el médico responsable del proceso, sea cual sea el nivel asistencial, y que exista una comunicación fluida entre todos los niveles, al estilo de la receta electrónica, que ha demostrado su eficacia.
También sería necesario ajustar los plazos de alta y de revisión a la duración teórica prevista de cada patología según las tablas del INSS. En los procesos muy cortos, bastaría con la autojustificación del trabajador; en los cortos, el médico podría asumir el seguimiento mientras el trabajador cierra el proceso según evolución; y en los medios o largos, el médico asumiría las revisiones y el alta en función de la previsión de resolución.
Otro punto importante sería implicar a los servicios de Salud Laboral de las empresas en la reincorporación del trabajador, permitiendo que esta pueda ser progresiva o parcial. Paradójicamente, aunque es un objetivo del INSS, la ley actual impide esta posibilidad. Solo cuando el trabajador recibe el alta y regresa a su puesto se valora la adaptación o la relación entre la actividad laboral y su patología.
Además, las mutuas deberían asumir plenamente los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, evitando el trasvase injustificado de pacientes al sistema público. Y, por último, sería esencial agilizar los plazos de inspección, tanto a nivel autonómico como en el propio INSS, para garantizar una resolución adecuada y rápida de los procedimientos.