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Por el derecho a la salud: suministro eléctrico ininterrumpido para toda la población
Fecha de publicación: 12 de marzo de 2021
La Organización Mundial de la Salud considera el suministro eléctrico como “un requisito previo para la buena salud” y la pobreza energética como “un problema social y de salud pública ampliamente ignorado por la comunidad internacional” (1). La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para asegurar el nivel social y material adecuado de energía debido a la interrelación entre los altos precios de la energía, la falta de eficiencia energética de hogares y electrodomésticos, los bajos ingresos en el hogar y las necesidades energéticas del mismo (2). Estos aspectos se insertan a su vez en determinantes estructurales de legislación en materia laboral, económica, de vivienda y energía, así como en el grado de protección de los Estados ante la pobreza energética; España destaca como un país con alto grado de vulnerabilidad estructural a la pobreza energética (3), lo que se asocia a tasas más altas de pobreza energética, peor estado de salud percibido, peor estado de bienestar y mayor riesgo de depresión entre la población afectada.
Como ha sido reconocido por el propio Ministerio de Sanidad: “La actual crisis sanitaria originada a raíz de la pandemia de COVID-19 ha traído como consecuencia un incremento exponencial del número de familias en condiciones de vulnerabilidad en todo el Estado español […]. Como sociedad, hemos sido más conscientes que nunca de la necesidad de tener garantizado el derecho humano a un nivel de vida digno, que implica reconocer, entre otros, los derechos humanos a la salud, a la vivienda y al agua potable y al saneamiento, así como de la disponibilidad de suministros básicos de luz y gas (4)”.
Además, la reciente subida de la luz, que afecta al mercado regulado y por tanto a aquellas personas receptoras del bono social, supone un empeoramiento añadido a un problema ya existente. Cabe destacar que los hogares españoles han sufrido la mayor subida de la luz de toda la Unión Europea (UE) en la última década: un 66,8% entre 2008 y 2018, un valor 38 puntos superior a la media de la UE, donde la subida fue del 28,2% (5). Los últimos datos del informe AROPE muestran que un 26.7% de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social y 6.8 millones de personas en nuestro país presentan temperaturas inadecuadas en la vivienda, retraso en el pago de recibos o ambos, porcentaje que se eleva en hombres y mujeres mayores de 65 años que viven solas, hogares monomarentales, menores y personas migrantes, que conformarían los principales grupos de riesgo (6).
A riesgo de fragmentar las diferentes “pobrezas”, entendemos que la dificultad en el acceso a la luz responde a situaciones de vulnerabilidad estructural individuales y colectivas. Esta pobreza energética afecta a personas, familias y comunidades distribuidas por toda la geografía nacional. Destacan algunos territorios especialmente afectados: la Font de la Pólvora (Girona), Polígono Sur (Sevilla), el Distrito Norte (Granada), la Cañada Real (Madrid) o la Chanca (Almería). Recientemente, desde el Grupo de Trabajo Inequidades en Salud - Salud Internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar se ha realizado un comunicado sobre el corte de suministro eléctrico en Cañada Real Galiana con el que estamos completamente de acuerdo: “queremos mostrar nuestro apoyo a la población, denunciar la vulneración de derechos básicos que supone el corte de suministro eléctrico e instamos a las instituciones y organismos públicos y privados implicados a que actúen con la mayor brevedad posible para resolver esta situación”(7).
Desde el Grupo de Trabajo Inequidades en Salud – Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria con el apoyo de la Sociedad Española de Salud Pública queremos manifestar nuestra preocupación por los cortes de suministro eléctrico y sus efectos en la salud de la población. Desde los centros de salud podemos observar en cada consulta y visita domiciliaria el deterioro progresivo de las condiciones que posibilitan una vida digna para los barrios y las familias más vulnerables, generando enfermedad e inequidad respecto al resto de la sociedad.
La falta de suministro eléctrico afecta a todas las esferas de la vida cotidiana del barrio y quienes lo habitan: iluminar las calles, ducharse, cocinar, disponer de alimentos refrigerados en comercios y hogares, dar clase en los colegios, caldear las viviendas y centros públicos, utilizar el ascensor o leer un libro. También se relaciona con un aumento de muertes en invierno; mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, resfriados, gripe y empeoramiento de enfermedades reumatológicas; mayor incidencia de asma, bajo peso al nacer e ingresos hospitalarios en la infancia, así como un aumento de los problemas de salud mental en la adolescencia, absentismo escolar y accidentes por falta de iluminación y medidas alternativas empleadas para calentar el hogar (8). Recientes estudios realizados en nuestro país confirman la relación entre mala salud y pobreza energética (9,10).
El empeoramiento del estado de salud es aún más evidente en aquellas personas electro dependientes y/o con patologías previas: la insulina pierde efectividad cuando no está refrigerada y puede precisar aumento de dosis, aumentando el riesgo de hiper/hipoglucemias. Aquellas personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e imposibilidad de aplicar la oxigenoterapia domiciliaria presentan mayores limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria, aparición precoz de complicaciones, mayor número de hospitalizaciones por reagudización y disminución de la supervivencia. Algo similar ocurre con el Síndrome de Apnea del Sueño, cuyo tratamiento con mascarilla CPAP se ve imposibilitado y ocasiona somnolencia diurna, peor calidad de vida, aumento de la tensión arterial y mayor riesgo de arritmias en aquellas personas con enfermedad cardiológica de base. Quienes precisan camas articuladas no pueden realizar los cambios de posición necesarios y su higiene y la evolución de las úlceras empeora; los cuidados paliativos que precisan aplicación de oxígeno en el domicilio o infusores eléctricos impiden el acompañamiento en el hogar; las cuidadoras que se hacen cargo ven enormemente dificultada su tarea; las personas ancianas y frágiles no salen de casa, aumenta su riesgo de caídas y no pueden accionar la teleasistencia (11).
Son muchos los derechos que se vulneran por los continuos cortes de luz; a la igualdad, a la educación, a la salud, a la autonomía del paciente y a la vida son solo algunos de ellos. En algunos lugares se han emitido alertas sanitarias ante la situación de emergencia para la población atendida y se han elaborado informes clínicos individuales acreditando el riesgo para la salud. Sin embargo, es el momento de abordar este problema de salud pública y derechos humanos desde lo colectivo; buscar la equidad como un camino hacia la justicia social y la salud del conjunto de la sociedad.
Atendiendo a lo previamente descrito, la falta de suministro eléctrico en los hogares de nuestra población supone un grave riesgo para su salud. Por ello, instamos a las Administraciones Públicas a tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental que incluya la producción sostenible, el consumo por un precio asequible y el suministro energético ininterrumpido.
Como ha sido reconocido por el propio Ministerio de Sanidad: “La actual crisis sanitaria originada a raíz de la pandemia de COVID-19 ha traído como consecuencia un incremento exponencial del número de familias en condiciones de vulnerabilidad en todo el Estado español […]. Como sociedad, hemos sido más conscientes que nunca de la necesidad de tener garantizado el derecho humano a un nivel de vida digno, que implica reconocer, entre otros, los derechos humanos a la salud, a la vivienda y al agua potable y al saneamiento, así como de la disponibilidad de suministros básicos de luz y gas (4)”.
Además, la reciente subida de la luz, que afecta al mercado regulado y por tanto a aquellas personas receptoras del bono social, supone un empeoramiento añadido a un problema ya existente. Cabe destacar que los hogares españoles han sufrido la mayor subida de la luz de toda la Unión Europea (UE) en la última década: un 66,8% entre 2008 y 2018, un valor 38 puntos superior a la media de la UE, donde la subida fue del 28,2% (5). Los últimos datos del informe AROPE muestran que un 26.7% de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social y 6.8 millones de personas en nuestro país presentan temperaturas inadecuadas en la vivienda, retraso en el pago de recibos o ambos, porcentaje que se eleva en hombres y mujeres mayores de 65 años que viven solas, hogares monomarentales, menores y personas migrantes, que conformarían los principales grupos de riesgo (6).
A riesgo de fragmentar las diferentes “pobrezas”, entendemos que la dificultad en el acceso a la luz responde a situaciones de vulnerabilidad estructural individuales y colectivas. Esta pobreza energética afecta a personas, familias y comunidades distribuidas por toda la geografía nacional. Destacan algunos territorios especialmente afectados: la Font de la Pólvora (Girona), Polígono Sur (Sevilla), el Distrito Norte (Granada), la Cañada Real (Madrid) o la Chanca (Almería). Recientemente, desde el Grupo de Trabajo Inequidades en Salud - Salud Internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar se ha realizado un comunicado sobre el corte de suministro eléctrico en Cañada Real Galiana con el que estamos completamente de acuerdo: “queremos mostrar nuestro apoyo a la población, denunciar la vulneración de derechos básicos que supone el corte de suministro eléctrico e instamos a las instituciones y organismos públicos y privados implicados a que actúen con la mayor brevedad posible para resolver esta situación”(7).
Desde el Grupo de Trabajo Inequidades en Salud – Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria con el apoyo de la Sociedad Española de Salud Pública queremos manifestar nuestra preocupación por los cortes de suministro eléctrico y sus efectos en la salud de la población. Desde los centros de salud podemos observar en cada consulta y visita domiciliaria el deterioro progresivo de las condiciones que posibilitan una vida digna para los barrios y las familias más vulnerables, generando enfermedad e inequidad respecto al resto de la sociedad.
La falta de suministro eléctrico afecta a todas las esferas de la vida cotidiana del barrio y quienes lo habitan: iluminar las calles, ducharse, cocinar, disponer de alimentos refrigerados en comercios y hogares, dar clase en los colegios, caldear las viviendas y centros públicos, utilizar el ascensor o leer un libro. También se relaciona con un aumento de muertes en invierno; mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, resfriados, gripe y empeoramiento de enfermedades reumatológicas; mayor incidencia de asma, bajo peso al nacer e ingresos hospitalarios en la infancia, así como un aumento de los problemas de salud mental en la adolescencia, absentismo escolar y accidentes por falta de iluminación y medidas alternativas empleadas para calentar el hogar (8). Recientes estudios realizados en nuestro país confirman la relación entre mala salud y pobreza energética (9,10).
El empeoramiento del estado de salud es aún más evidente en aquellas personas electro dependientes y/o con patologías previas: la insulina pierde efectividad cuando no está refrigerada y puede precisar aumento de dosis, aumentando el riesgo de hiper/hipoglucemias. Aquellas personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e imposibilidad de aplicar la oxigenoterapia domiciliaria presentan mayores limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria, aparición precoz de complicaciones, mayor número de hospitalizaciones por reagudización y disminución de la supervivencia. Algo similar ocurre con el Síndrome de Apnea del Sueño, cuyo tratamiento con mascarilla CPAP se ve imposibilitado y ocasiona somnolencia diurna, peor calidad de vida, aumento de la tensión arterial y mayor riesgo de arritmias en aquellas personas con enfermedad cardiológica de base. Quienes precisan camas articuladas no pueden realizar los cambios de posición necesarios y su higiene y la evolución de las úlceras empeora; los cuidados paliativos que precisan aplicación de oxígeno en el domicilio o infusores eléctricos impiden el acompañamiento en el hogar; las cuidadoras que se hacen cargo ven enormemente dificultada su tarea; las personas ancianas y frágiles no salen de casa, aumenta su riesgo de caídas y no pueden accionar la teleasistencia (11).
Son muchos los derechos que se vulneran por los continuos cortes de luz; a la igualdad, a la educación, a la salud, a la autonomía del paciente y a la vida son solo algunos de ellos. En algunos lugares se han emitido alertas sanitarias ante la situación de emergencia para la población atendida y se han elaborado informes clínicos individuales acreditando el riesgo para la salud. Sin embargo, es el momento de abordar este problema de salud pública y derechos humanos desde lo colectivo; buscar la equidad como un camino hacia la justicia social y la salud del conjunto de la sociedad.
Atendiendo a lo previamente descrito, la falta de suministro eléctrico en los hogares de nuestra población supone un grave riesgo para su salud. Por ello, instamos a las Administraciones Públicas a tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental que incluya la producción sostenible, el consumo por un precio asequible y el suministro energético ininterrumpido.
