Por la equidad en el acceso de todas las personas al sistema sanitario
En relación a la medida recientemente adoptada por el Gobierno, según la cual se deniega el derecho a recibir atención sanitaria normalizada a las personas inmigradas que no posean certificado de residencia, el Grupo de Trabajo de Inmigración y Salud de la semFYC expresa su total rechazo (mediante un comunicado del pasado 16 de mayo) por los siguientes motivos:
- La sostenibilidad del Sistema Sanitario no se va a conseguir limitando o impidiendo el acceso a las prestaciones sanitarias a una población vulnerable, cuyo uso del Sistema Sanitario -en relación a la población general- es mucho menor.
- Esta medida además de ser injusta es -en términos económicos- ineficiente, pues el consumo que hacen estas personas de los recursos sanitarios es notablemente inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas jóvenes y sanas cuyo nivel de salud es en general bueno, hecho constatado en numerosos estudios científicos tanto en España como en el resto de países desarrollados.
- Aunque en términos de Salud Pública los resultados de su aplicación van a ser intrascendentes, su repercusión a nivel individual puede ser muy importante. El diagnóstico precoz y el control de determinadas enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes...) o degenerativas (cuidados paliativos en pacientes con cáncer, por ejemplo) no se puede realizar desde los Servicios de Urgencias.
- Se les impide el acceso a las medidas más rentables dentro de los cuidados de salud: Actividades de educación para la salud o vacunaciones.
- La creación de estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye por si misma una discriminación que añade más dificultades para su integración en la sociedad.
Creemos en el modelo de asistencia universal del Sistema Nacional de Salud y que se modifica en este Real Decreto Ley, y es por ello que proponemos que se permita el acceso al Sistema Sanitario de una manera normalizada a toda la población, incluidos los inmigrantes en situación administrativa irregular y a todas las personas sin recursos.