"Se está atentando contra el Derecho a la Salud de forma injustificada", la Vicepresidenta de la semFYC en relación a la resolución del Tribunal Consitucional

El Tribunal Constitucional acaba de fallar a favor del Gobierno y ha reconocido que el Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin asistencia sanitaria a casi 1 millón de personas en España puede aplicarse al considerarse que existe una razón económica de crisis. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza al haber visto esta resolución?

Decepción.

Ya son 4 los  años  que  han pasado desde que se promulgó el RD 16/2012  y los mismos que la semFYC ha empleado tiempo y dedicación a luchar para su derogación.

Esta triste noticia en pleno verano, para que  pase más desapercibida, no nos va a frenar en nuestra lucha.

Desde REDER, plataforma que se creó conjuntamente con Médicos del Mundo y otras asociaciones seguimos trabajando para lograr devolver a la población  excluida el derecho a una sanidad digna.

El TC ha insistido en que el hecho de residir en España no supone que automáticamente se tenga derecho a recibir atención sanitaria, para ello se debe estar en una situación regularizada. ¿Dirías que esto vulnera en cierto modo la Universalidad de la Salud y los Derechos Humanos?

Por supuesto.

La exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria es una medida regresiva en materia de Derechos Humanos y contraria a las obligaciones internacionales del Estado español, tal y como han reiterado múltiples instituciones europeas y de Naciones Unidas.

No debemos olvidar que la propia Constitución prevé la incorporación al ordenamiento constitucional de los tratados internacionales ratificados por España, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que contempla en su artículo 12 la obligación de garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Lo que se ha generado es un auténtico sistema de exclusión generalizada que dista mucho de ser universal y se aleja ostensiblemente de los principios rectores que definen el Sistema Nacional de Salud (SNS) español desde 1986.

Sorprende que los informes que se han publicado respecto a los supuestos beneficios económicos del RDL demuestren que no se ha conseguido el ahorro de recursos esperado. ¿Por qué crees que, a pesar de ello, el Gobierno continúa aplicando esta ley?

Eso es algo que nos venimos preguntando desde hace tiempo, pues la  argumentación económica siempre ha sido en lo que se había escudado el  gobierno pero nunca han aportado informes sobre el supuesto ahorro económico de la medida.

Decir cual podría ser  su justificación sería incurrir en divagaciones y esas podrían ser  muchas, desde la reiterada política de privatización que en fallidas ocasiones han pretendido realizar y que implica necesariamente una desprotección de las capas más vulnerables de la población, cambio de modelo sanitario con la disculpa de la sostenibilidad del sistema… si bien todas ellas nos llevarían a hablar de un retroceso en nuestro SNS público y universal como lo hemos concebido tantos años que  en los últimos tiempos se  ha visto sometido a grandes recortes, en especial nuestra Atención Primaria, donde los Médicos de Familia desarrollamos preferentemente nuestro trabajo.

El TC ha afirmado que el RDL no está atentando contra el principio de Derecho a la Salud ni contra la dignidad humana puesto que permite a la gente en situación irregular a que hagan uso de los servicios de urgencia y, en teoría, también se da cobertura a mujeres embarazadas. Sin embargo, la imposibilidad de acceder a la Atención Primaria supone que el seguimiento y la prevención no puedan desarrollarse de forma correcta, aumentando los riesgo sanitarios para los pacientes y toda la población. ¿A nivel práctico, qué se puede hacer a partir de ahora desde la AP?

Para empezar, decir que no es cierto que no se esté atentando contra el Derecho a la Salud ni contra la dignidad humana, como ya  dije  más  arriba. Pero, además, se está incurriendo en un incumplimiento del propio decreto que ellos mismos han promulgado.

Así pues, en la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 (REDER) se han reunido desde enero de 2014 y julio de 2015 más de 500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud tras la promulgación de esta ley. Incluso se ha denunciado el incumplimiento sistemático de las excepciones protegidas que en el Real Decreto permite la atención a determinados colectivos como embrazadas, menores de edad y urgencias.

Hace ya 4 años la semFYC inició una campaña de objeción de conciencia entre sus socios siendo su repercusión muy amplia e incluso traspasó la propia sociedad de MF.

Por ello, seguiremos luchando e instando a los Médicos de Familia, tanto en los Centros de Salud como en los servicios de urgencias donde muchos de ellos también trabajan, a que sigan dando atención sanitaria al colectivo excluido, pues incluso muchas de estas personas  han sido pacientes desde hace años, mucho antes de que se promulgara el RD.

Daremos soporte, información y formación a todos aquellos interesados de cómo poder llevar a cabo una atención de calidad y digna que permita  atender a estos colectivos en igualdad de condiciones que antes de dicho Decreto.

No exactamente.

Entendemos que la Atención Primaria es el eje central del Sistema Nacional de Salud, donde se pueden prevenir y disminuir las desigualdades socioeconómicas y promover una sociedad más equitativa. Por ello defendemos que la accesibilidad de los inmigrantes a la Atención Primaria debe ser prioritaria.

Esta sentencia no ayuda a ello y además también les limita el acceso al segundo nivel, pues somos los Médicos de Familia en la Atención Primaria los que actuamos de puerta de entrada al sistema.

La Atención Primaria ya ha ido viendo un retroceso desde hace años en lo que se refiere a presupuestos y plantillas, con la consiguiente afectación en la calidad de la atención (tiempos de espera, saturación de consultas…)  de toda la población española.

En lo que sí podríamos ver una repercusión relevante sería en el nivel de atención individual de las personas excluidas por el RD: el diagnóstico precoz y el control de determinadas enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes...) o degenerativas (cuidados paliativos en pacientes con cáncer, por ejemplo) no se puede realizar desde los Servicios de Urgencias.

Además de impedirles el acceso a las medidas más rentables dentro de los cuidados de salud: actividades de educación para la salud o vacunaciones.

El RDL es una medida injusta desde la óptica de derechos, pero, además, resulta ineficaz desde la perspectiva de salud pública al contradecir el principio de prevención que debe guiar todo sistema sanitario público. Más aún, es ineficiente desde el punto de vista económico pues no sólo traslada los costes de la Asistencia Primaria a las Urgencias (más caras), sino que persigue el ahorro a costa de un colectivo – las personas inmigrantes en situación irregular – cuyo uso del sistema sanitario es significativamente inferior proporcionalmente al del resto de la población,  de acuerdo con la evidencia científica disponible.

Seguiremos luchando para que se nos oiga en el parlamento. Ahora es un momento de transición, ante la ausencia de gobierno, si bien los representantes sanitarios de varios partidos políticos con los que hemos mantenido conversaciones nos habían dado su apoyo para lograr revertir esta situación tan indignante.

Tenemos mucho que hacer aún:

· REDER y por ende la semFYC, seguirá trabajando para conseguir la derogación del RDL y por la universalización del derecho a la salud para todas las personas independientemente de su situación administrativa. Seguiremos defendiendo que para ello son necesarios Sistemas de Salud financiados por impuestos y sin pagos en el momento de la asistencia; que garantizan el derecho a la salud y su protección, promoción y asistencia en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación.

· A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el Derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud.

· A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.

· Al personal socio-sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.

· Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.

En relación a los sistemas sanitarios de nuestros países vecinos en el marco europeo, ¿crees que la resolución nos deja en una mala posición?

El SNS español siempre ha sido un modelo a seguir  entre nuestros países vecinos y en distintos foros internacionales no entienden  este retroceso en la Atención Sanitaria, máxime cuando el motivo economicista no ha sido  probado.

Ya hace unos  años, al inicio de la promulgación del RD el mismo Consejo de Europa a través del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) elaboró un informe entre cuyas conclusiones se denunciaba la decisión del Gobierno español de excluir de la sanidad a los inmigrantes en situación irregular viendo en esa decisión un claro retroceso en nuestro sistema sanitario.

Creo que ya entonces fue una llamada de atención que ahora esta resolución no ayuda a enmendar.

El nuevo gobierno que se constituya en nuestro país debería tener más en cuenta las opiniones de nuestros vecinos europeos.

De momento las acciones que se han hecho han sido más nacionales, si bien hemos llevado a varios foros internacionales la situación actual, así como las diferentes iniciativas que se han ido poniendo en marcha. Han sido muy valoradas y creemos que podríamos contar con el apoyo de organismos internacionales con los que abrir una línea de acción que sirva de presión y que ayude a paliar esta grave situación a la que nos hemos visto abocados hace 4 años ya.

No olvidemos que ahora el colectivo que más afectado se ha visto con los recortes impuestos tras la crisis han sido los inmigrantes en situación irregular y el RD 16/2012, pero estamos empezando a ver cómo esas medidas    influirán en la atención sanitaria de toda la población, creando desigualdades en salud importantes a lo largo de todo el territorio nacional.

Al estar descentralizada la Sanidad en las 17 Comunidades Autónomas y haber sido eliminado el Fondo de Cohesión de los Presupuestos Generales del Estado, pronto empezaremos a denunciar desigualdades en la asistencia sanitaria.

Es por ello que el siguiente paso que la semFYC va a dar para seguir defendiendo un SNS público, equitativo y universal será trabajar dentro de ACIS (Alianza contra las inequidades en salud) en colaboración con otras entidades y organizaciones que luchan por los mismos objetivos.