La semFYC en REDER: Seguimos antepondiendo el compromiso ético con el paciente a normas excluyentes sin base científica

La situación de la cobertura sanitaria en España dio un giro radical en el año 2012 cuando el Gobierno aplicó el Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin atención sanitaria a aquellos inmigrantes que no tuviesen una situación regularizada en el país. Esta reforma fue lanzada sin que previamente se hubiese estudiado si serviría para ahorrar recursos públicos y significó un retroceso y un ataque directo a la salud de la población más vulnerable que vive en España. Cuatro años más tarde la reforma ha demostrado no ser efectiva para ahorrar recursos y ha creado situaciones de desigualdad y problemas añadidos a los inmigrantes.

Como respuesta, numerosas organizaciones humanitarias de ámbito nacional y regional se unieron formando la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012. Desde su inicio, la semFYC se integró en esta Red al considerar que siendo la mayor Sociedad Científica de Medicina de Familia y Comunitaria del país, su compromiso con la comunidad y con el bienestar de la ciudadanía requería de su participación y activa oposición a esta reforma excluyente y contraria a los principios básicos de la Medicina.

La semFYC siempre ha considerado que la crisis económica no fue sino una excusa que utilizó el Gobierno para imponer una reforma sobre el Sistema Nacional de Salud que, en realidad, era de contenido ideológico más que económico puesto que su eficacia se ha demostrado nula.

En ese sentido, la semFYC y sus Sociedades Federadas han instado a los Gobiernos de las CCAA a que no aplicaran el Decreto - creando un movimiento de objeción de conciencia seguido por cerca de 200 profesionales -, y ha dado voz durante estos últimos cuatro años a las personas que se han visto afectadas.  En ese sentido, el papel de la semFYC en REDER es el de incentivar al no cumplimiento de la aplicación del Decreto y a apoyar a los compañeros y compañeras médicos y médicas que decidan no atenerse a él.

Este Real Decreto Ley ha excluido de la asistencia sanitaria a los miles de ciudadanos y ciudadanas que no se encontraron cotizando en el momento de pedir la asistencia.

No olvidemos, en palabras de la Vicepresidenta de la semFYC, María Fernández, “que la financiación de nuestro sistema sanitario público proviene de los impuestos que se recaudan por el gobierno, impuestos tanto directos como indirectos, con independencia de la situación administrativa del individuo.”

María Fernández añade que “nuestra Sociedad igualmente ha denunciado de manera sostenida que dicho RDL ha generado una reducción sustancial en lo que a prestaciones se refiere (cartera básica de servicios asistenciales) , tanto en  el ámbito de la prevención  como al de la asistencia, pasando por los ámbitos diagnósticos, de rehabilitación o de transporte sanitario urgente, que siempre han sido cubiertos por la financiación pública. Estos cambios de fondo significan un retroceso desde un modelo de Sistema Nacional de Salud con vocación de cobertura universal a otro ya superado, basado en el concepto de seguro y provocan de un día para otro la exclusión sanitaria de centenares de miles de personas.”

Tras la publicación del RDL 16/2012 varias administraciones autonómicas, incluyendo algunas gobernadas por el mismo partido que promovió este decreto, se opusieron a aplicar la nueva normativa y establecieron mecanismos que permitían seguir atendiendo a la población excluida. A día de hoy, 14 de las 17 comunidades autónomas cuentan con algún tipo de medida “paliativa” de la norma, lo que evidencia una amplia oposición política y territorial a la exclusión sanitaria.

A pesar del carácter sin duda positivo de estos avances, el hecho cierto es que las comunidades autónomas carecen de competencia para revertir la profunda modificación de nuestro sistema sanitario que supuso la reforma de 2012 y que continúa siendo la raíz del problema.

Es decir, no pueden devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el gobierno del Partido Popular a más de 800.000 personas. Además, las múltiples y distintas normas autonómicas quiebran la igualdad de las personas ante la ley, porque hacen depender las posibilidades de conseguir atención sanitaria del lugar de residencia. Y suponen, en algunos casos, el peligroso establecimiento de sistemas de acceso paralelos “para personas vulnerables y excluidas” en lugar de un único sistema común.

Por otro lado, tampoco las normas autonómicas son perfectas: dejan sin acceso a determinados colectivos (ej. personas ascendientes reagrupadas) y su efectividad ha sido muy dispar en función de la voluntad política de cada gobierno regional a la hora de aplicarlas. La consecuencia más dramática sigue siendo la falta de atención adecuada, incluso de personas con graves problemas de salud como demuestran los 6 casos de cáncer, 13 de enfermedades cardiovasculares, 12 de diabetes, 14 de hipertensión, 6 de salud mental grave o 2 de VIH documentados por REDER.

Hemos de recordar asimismo que numerosas instituciones internacionales han criticado esta medida. Uno de los ejemplos más relevantes ha sido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas declarando que “El Comité recomienda al Estado parte (español) asegurar que, de conformidad con la Observación general N.º 14 (2000) del Comité sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto) y con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado parte a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal.”  "Confiamos que el Gobierno de España rectifique lo antes posible siguiendo estas recomendaciones de internacionales," afirma Luís Andrés Gimeno, miembro de la semFYC en REDER.

Desde la semFYC seguiremos animando a atender a todas personas en función de sus necesidades sanitarias dentro de un Sistema Nacional de Salud Universal y de calidad.  Continuaremos anteponiendo nuestro compromiso ético ante el paciente y la sociedad a normas que se han demostrado sin base científica, ineficaces e inmorales.

Esperamos que los próximos meses podemos recuperar para nuestro país la Universalidad de la atención sanitaria que nunca debió desaparecer.