No utilizar etiquetas diagnósticas de manera inicial ante un paciente que consulta por malestar emocional

En la Atención Primaria, debido a su accesibilidad, a su cercanía y a la propia mercantilización de la salud y de la vida, se valoran numerosas consultas relacionadas con problemas de la vida cotidiana (sufrimiento emocional y malestar psíquico) que en el pasado se resolvían fuera del ámbito del sistema sanitario. La etiqueta diagnóstica impone un marco interpretativo médico-tecnológico, el cual inicia una cascada de procedimientos diagnóstico-terapéuticos que pueden generar yatrogenia por el estigma y la dependencia del sistema. Además, favorece una solución individual que puede responsabilizar al individuo y desarticular soluciones colectivas que se establecen fuera del sistema sanitario. En este sentido, se estima que hasta una de cada cuatro personas derivadas a centros de Salud Mental no reúnen criterios diagnósticos de trastorno mental1. Sin embargo, el hecho de ser remitidos genera en los pacientes la impresión de que sus propios recursos, o los comunitarios, no son válidos para resolver su sufrimiento. Ello no significa que desde Atención Primaria no se deba abordar su problemática: escuchando, dando apoyo, orientando y evitando la medicalización/psiquiatrización. En salud mental, la citada etiqueta influye enormemente, ya que dificulta la búsqueda o mantenimiento del empleo, la percepción de éxito social o familiar y las relaciones interpersonales plenas, con un importante efecto en el propio autoconcepto. Existe el riesgo de acabar dando entidad y peso a los trastornos que se pretenden aliviar, al amplificar la vulnerabilidad del individuo e incluso limitar sus posibilidades de recuperación. Algunos estudios sugieren que el modelo psiquiátrico basado en el diagnóstico no ha supuesto una clara mejora en el pronóstico de los trastornos2. Ciertamente, los diagnósticos pueden convertirse en una herramienta que disminuye la incertidumbre, el sentimiento de responsabilidad y la ansiedad asociada, moviliza recursos sociales o laborales como bajas o ayudas a la discapacidad, activa la instauración de tratamientos o aumenta la esperanza de mejoría. El primer nivel asistencial debe cuidar lo colectivo, fomentar los activos comunitarios salutogénicos a través del activismo social y las políticas públicas de mejora de la calidad de vida y reducción de las desigualdades. Además, debe así asumir una función de contención que funcione como prevención cuaternaria y anteponga al diagnóstico una atención centrada en las personas y sus narrativas con perspectiva comunitaria. Por tanto, es en este contexto donde los profesionales deberían mantener una actitud expectante (esperar y ver) a través de una pausada reflexión acerca de aquellos pacientes que no se beneficiarán de ser etiquetados, tratados o derivados3.