Comunicado: Denuncian la ilegalidad que supone la contratación irregular de médicos sin formación especializada

Ante la reciente publicación de la noticia sobre la contratación de 600 médicos sin la formación especializada vía MIR en la Comunitat Valenciana, ambas organizaciones coinciden en elevar una solicitud formal a la Conselleria de Sanitat exigiendo la máxima transparencia y el respeto a la normativa europea.

Precisamente, existen dos referentes de profundo calado jurídico como son la Directiva 86/457/CEE, de 15 de septiembre, del Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a una formación específica en medicina general (donde se establece la necesidad de dicha formación específica para el ejercicio de las funciones de médico en los regímenes públicos de Seguridad Social de los distintos Estados miembros) y la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (que establece que para ejercer en atención primaria es imprescindible una formación especializada). En base a ambas normas, la realización de actos médicos por parte de personas sin especialidad supondría una ilegalidad flagrante que ambas organizaciones se ven obligadas a evidenciar.

Este marco legal busca proteger a la ciudadanía y la salud de las personas de intrusismo y prácticas que pongan en riesgo la prestación de atención médica, estableciendo “el nivel mínimo de cualificación necesaria para garantizar la calidad de las prestaciones”. Conforme a esta idea y en aras de proteger la seguridad asistencial, es necesario que la consejería clarifique los siguientes puntos:

• ¿Cuántos de estos profesionales sin especialidad están desempeñando funciones en centros de Atención Primaria?
• ¿Cuántos han sido destinados a servicios hospitalarios, excluyendo urgencias?
• ¿Qué perfil de plazas están cubriendo estas personas?
• ¿Qué actividad asistencial están realizando?

Desde las organizaciones se recuerda además que la contratación de médicos de familia no solo es un imperativo legal sino también una garantía de eficiencia. Datos del Ministerio de Sanidad indican que estos especialistas logran reducir un 40% las derivaciones innecesarias y un 25% el uso de pruebas de alta tecnología, con un ahorro promedio de más de 7.000 euros anuales por profesional.

La semFYC y la SoVaMFiC marcan líneas rojas

En el abordaje de esta cuestión, las dos organizaciones firmantes recuerdan las líneas rojas marcadas en la gestión de las contrataciones:

• Se solicita a la Comunitat Valenciana y a todas las Comunidades Autónomas que desistan de la incorporación de estos perfiles de profesionales, y busquen alternativas en modelos organizativos a nivel de equipo de Atención Primaria que aseguren la calidad del SNS.
• Se solicita a los gestores que se ofrezcan condiciones laborales y profesionales que aseguren la calidad asistencial, evitando la fuga de especialistas fuera de nuestro entorno, y que destierren la idea de que existe un nivel asistencial de primera con profesionales especialistas (Atención Hospitalaria), y un nivel asistencial de segunda donde no es necesaria la especialidad (Atención Primaria).
• Se recuerda que la incorporación de perfiles sin especialidad implica que estos no pueden realizar tareas específicas que impliquen competencias propias de especialistas en medicina. Este perfil profesional NO podría, en ningún caso:
  
  a) Prescribir fármacos complejos o abordar situaciones clínicas complejas.
  b) Disponer de un cupo de población asignada, y constar como profesional de referencia.
  c) Estar presentes en centros docentes o trabajar con los médicos residentes de Medicina Familiar.
  d) Realizar actividad en urgencias con médicos residentes. NO podrán trabajar en dispositivos de urgencias en los que los residentes realicen guardias.
   
• La contratación de profesionales sin conocimiento del idioma. Han de acreditar un mínimo de conocimiento imprescindible para entender a la población que van a atender.

La Atención Primaria y el Sistema Nacional de Salud no se puede permitir comprometer la calidad asistencial dado que es un derecho fundamental de la ciudadanía; la inseguridad jurídica en la prestación de asistencia médica es inaceptable. Exigimos una actuación inmediata para corregir esta situación e interpelamos al conjunto de gestores a planificar a medio plazo y largo plazo, en  lugar de buscar medidas cortoplacistas.