Actualidad
#HemosLeído: Los efectos mortales de perder la cobertura médica
Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2020
Resumen
Existen múltiples documentos que estudian el efecto positivo que tiene el aumento de la cobertura sanitaria sobre la salud. Sin embargo, este artículo, publicado en septiembre de 2018, fue el primero en evaluar el impacto sobre la mortalidad de las restricciones de acceso a los sistemas de salud públicos y sus conclusiones podrían suponer en la actualidad el punto de partida para el cambio en el manejo de la cuestión migratoria.
En España, antes de 2012, la cobertura del sistema sanitario era universal. La población inmigrante indocumentada tenía derecho a los mismos servicios que la población con nacionalidad o situación regularizada, con el único requerimiento de constar empadronados en un municipio.
Con el objetivo de ahorrar recursos y disuadir el turismo sanitario, se proclamó el Real Decreto-ley 16/2012, donde se establecía que los inmigrantes necesitaban un permiso oficial de residencia en España para poder garantizar su acceso al sistema sanitario de forma gratuita, salvo en tres excepciones: urgencias, menores, embarazo, parto y posparto. Desde su implantación, se han retirado al menos 873.000 tarjetas sanitarias a extranjeros residiendo en España en condiciones de no-legalidad.
Para la obtención de datos y teniendo en cuenta que los registros de mortalidad nacionales no proveen de información sobre la situación administrativa de los inmigrantes, los autores tuvieron que realizar varios cálculos y extrapolaciones para aproximar los datos (Figura 1).
La reforma ha fomentado un aumento de la tasa de mortalidad de los inmigrantes indocumentados (Figura 2). Antes de su implementación existía una leve tendencia decreciente, coincidente con la crisis económica iniciada en 2008 (consistente con las reducciones de mortalidad durante las recesiones económicas descritas en la literatura). Tras la reforma, la mortalidad de los inmigrantes indocumentados revierte la tendencia decreciente e inicia un ascenso que ha supuesto un aumento mensual de la tasa de mortalidad de 0,69 muertes/100.000 personas, correspondiendo a un incremento del 16% respecto a las cifras pre-reforma, hecho que implica unas 162 muertes adicionales por año.
En el año de introducción de la reforma, las tasas de mortalidad aumentaron significativamente en un 9,15% y durante el primer y segundo año después de su implantación, en un 15,77 y 36,6% respectivamente. Por tanto, hay razones para creer que los efectos a largo plazo serán aún más llamativos.
Además, se realizó un análisis por grupos de edad (0-19, 20-39 y 40-64 años respectivamente), evidenciando un mayor impacto de la reforma sobre los de edad más avanzada. Los menores de 18 años, que en principio estaban contemplados como excepción, también vieron sus cifras de mortalidad aumentadas; este hecho puede deberse a un incremento del miedo de los progenitores a ser denunciados a las autoridades de inmigración y/o a errores en el proceso administrativo que impidieron la cumplimentación de la ley.
El estudio también reflejó que la reforma tuvo un impacto superior sobre la mortalidad por causas prevenibles, definidas como aquellas que no deberían ocurrir existiendo intervenciones efectivas y que se apliquen con la debida diligencia. En el caso de los inmigrantes indocumentados, estas fueron debidas principalmente a enfermedades infecciosas, tumores y patología circulatoria y respiratoria.
Cabe destacar los datos descritos respecto a la relación del nivel de estudios y la mortalidad. Tras la reforma, el nivel educativo de los inmigrantes indocumentados tendió a ser más bajo, siendo más habitual que fuesen primarios o inferiores. El aumento en el número de muertes debido al cambio educativo es solo de 16,1 muertes más por año, lo que representa menos del 10% de los efectos de la reforma sobre la mortalidad.
En conclusión, los resultados del estudio muestran que restringir el acceso al sistema sanitario público a la población indocumentada conduce a un aumento de mortalidad de un 16%. Asimismo, es importante recalcar que la restricción del acceso al sistema de salud no supuso un incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país. Por último, dado que los efectos de la restricción son mayores sobre causas prevenibles, los autores argumentan que esta reforma puede generar efectos colaterales sobre la población nativa secundarios al aumento descrito de las enfermedades infecciosas.
Comentario
De este artículo podemos extraer múltiples conclusiones, pero una de las más importantes es la poca relevancia que tiene para los países desarrollados la mortalidad de la población inmigrante indocumentada que tienen, ya que éste es el primer estudio en evaluarlo y fue publicado en 2018.
La inmigración de millones de personas en los últimos años no se debe a cuestiones como el turismo sanitario, es secundario principalmente a la huida de guerras y conflictos sociopolíticos en sus países de origen, en los que el primer mundo tiene mucha responsabilidad, por lo que eliminar la universalidad apelando a ello es una falacia. Además, esta medida no favorece que la inmigración cese, solo contribuye a invisibilizar un problema que no es solo sanitario.
La salud es un derecho humano. Según la OMS, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
Si dejamos fuera del sistema sanitario a la población inmigrante simplemente por el hecho de estar indocumentada, fomentamos aún más las desigualdades sociales y de salud. Contribuimos a generar discapacidad, ya que forzamos a atender de forma urgente patologías en estadios avanzados que podrían haberse prevenido, con consecuencias para la salud que inhabilitan a las personas para desarrollarse personal y laboralmente, impidiendo así que puedan acceder a un empleo y, por ende, al primer eslabón para un permiso de residencia. Además, fomentamos las enfermedades emergentes y reemergentes, con un impacto sobre la salud pública de la población nativa (que se supone que sí nos importa).
De todo ello concluimos que el verdadero problema no es la inmigración en sí, sino la inmigración pobre. Los valores a los que realmente nos estamos enfrentando son económicos, ya que no se trata de ahorrar recursos, de prevenir el turismo sanitario, de intentar detener el flujo migratorio, etc.; es una cuestión de aporofobia.
Juanmartí Mestres, A; López Casasnovas, G.; Vall Castelló, J. The deadly effects of losing health insurance. 2018. CRES-UPF Working Paper #201802-104.
https://www.upf.edu/documents/3329791/0/CRESWP201802104.pdf/5d15cc11-7ed5-bef6-e9e7-aa53a30005e9
Alba Pons Revuelta y Helena Abadín Cardedo
Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud de AGAMFEC
Existen múltiples documentos que estudian el efecto positivo que tiene el aumento de la cobertura sanitaria sobre la salud. Sin embargo, este artículo, publicado en septiembre de 2018, fue el primero en evaluar el impacto sobre la mortalidad de las restricciones de acceso a los sistemas de salud públicos y sus conclusiones podrían suponer en la actualidad el punto de partida para el cambio en el manejo de la cuestión migratoria.
En España, antes de 2012, la cobertura del sistema sanitario era universal. La población inmigrante indocumentada tenía derecho a los mismos servicios que la población con nacionalidad o situación regularizada, con el único requerimiento de constar empadronados en un municipio.
Con el objetivo de ahorrar recursos y disuadir el turismo sanitario, se proclamó el Real Decreto-ley 16/2012, donde se establecía que los inmigrantes necesitaban un permiso oficial de residencia en España para poder garantizar su acceso al sistema sanitario de forma gratuita, salvo en tres excepciones: urgencias, menores, embarazo, parto y posparto. Desde su implantación, se han retirado al menos 873.000 tarjetas sanitarias a extranjeros residiendo en España en condiciones de no-legalidad.
Para la obtención de datos y teniendo en cuenta que los registros de mortalidad nacionales no proveen de información sobre la situación administrativa de los inmigrantes, los autores tuvieron que realizar varios cálculos y extrapolaciones para aproximar los datos (Figura 1).
La reforma ha fomentado un aumento de la tasa de mortalidad de los inmigrantes indocumentados (Figura 2). Antes de su implementación existía una leve tendencia decreciente, coincidente con la crisis económica iniciada en 2008 (consistente con las reducciones de mortalidad durante las recesiones económicas descritas en la literatura). Tras la reforma, la mortalidad de los inmigrantes indocumentados revierte la tendencia decreciente e inicia un ascenso que ha supuesto un aumento mensual de la tasa de mortalidad de 0,69 muertes/100.000 personas, correspondiendo a un incremento del 16% respecto a las cifras pre-reforma, hecho que implica unas 162 muertes adicionales por año.
En el año de introducción de la reforma, las tasas de mortalidad aumentaron significativamente en un 9,15% y durante el primer y segundo año después de su implantación, en un 15,77 y 36,6% respectivamente. Por tanto, hay razones para creer que los efectos a largo plazo serán aún más llamativos.
Además, se realizó un análisis por grupos de edad (0-19, 20-39 y 40-64 años respectivamente), evidenciando un mayor impacto de la reforma sobre los de edad más avanzada. Los menores de 18 años, que en principio estaban contemplados como excepción, también vieron sus cifras de mortalidad aumentadas; este hecho puede deberse a un incremento del miedo de los progenitores a ser denunciados a las autoridades de inmigración y/o a errores en el proceso administrativo que impidieron la cumplimentación de la ley.
El estudio también reflejó que la reforma tuvo un impacto superior sobre la mortalidad por causas prevenibles, definidas como aquellas que no deberían ocurrir existiendo intervenciones efectivas y que se apliquen con la debida diligencia. En el caso de los inmigrantes indocumentados, estas fueron debidas principalmente a enfermedades infecciosas, tumores y patología circulatoria y respiratoria.
Cabe destacar los datos descritos respecto a la relación del nivel de estudios y la mortalidad. Tras la reforma, el nivel educativo de los inmigrantes indocumentados tendió a ser más bajo, siendo más habitual que fuesen primarios o inferiores. El aumento en el número de muertes debido al cambio educativo es solo de 16,1 muertes más por año, lo que representa menos del 10% de los efectos de la reforma sobre la mortalidad.
En conclusión, los resultados del estudio muestran que restringir el acceso al sistema sanitario público a la población indocumentada conduce a un aumento de mortalidad de un 16%. Asimismo, es importante recalcar que la restricción del acceso al sistema de salud no supuso un incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país. Por último, dado que los efectos de la restricción son mayores sobre causas prevenibles, los autores argumentan que esta reforma puede generar efectos colaterales sobre la población nativa secundarios al aumento descrito de las enfermedades infecciosas.
Comentario
De este artículo podemos extraer múltiples conclusiones, pero una de las más importantes es la poca relevancia que tiene para los países desarrollados la mortalidad de la población inmigrante indocumentada que tienen, ya que éste es el primer estudio en evaluarlo y fue publicado en 2018.
La inmigración de millones de personas en los últimos años no se debe a cuestiones como el turismo sanitario, es secundario principalmente a la huida de guerras y conflictos sociopolíticos en sus países de origen, en los que el primer mundo tiene mucha responsabilidad, por lo que eliminar la universalidad apelando a ello es una falacia. Además, esta medida no favorece que la inmigración cese, solo contribuye a invisibilizar un problema que no es solo sanitario.
La salud es un derecho humano. Según la OMS, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
Si dejamos fuera del sistema sanitario a la población inmigrante simplemente por el hecho de estar indocumentada, fomentamos aún más las desigualdades sociales y de salud. Contribuimos a generar discapacidad, ya que forzamos a atender de forma urgente patologías en estadios avanzados que podrían haberse prevenido, con consecuencias para la salud que inhabilitan a las personas para desarrollarse personal y laboralmente, impidiendo así que puedan acceder a un empleo y, por ende, al primer eslabón para un permiso de residencia. Además, fomentamos las enfermedades emergentes y reemergentes, con un impacto sobre la salud pública de la población nativa (que se supone que sí nos importa).
De todo ello concluimos que el verdadero problema no es la inmigración en sí, sino la inmigración pobre. Los valores a los que realmente nos estamos enfrentando son económicos, ya que no se trata de ahorrar recursos, de prevenir el turismo sanitario, de intentar detener el flujo migratorio, etc.; es una cuestión de aporofobia.
Juanmartí Mestres, A; López Casasnovas, G.; Vall Castelló, J. The deadly effects of losing health insurance. 2018. CRES-UPF Working Paper #201802-104.
https://www.upf.edu/documents/3329791/0/CRESWP201802104.pdf/5d15cc11-7ed5-bef6-e9e7-aa53a30005e9
Alba Pons Revuelta y Helena Abadín Cardedo
Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud de AGAMFEC
